Por una estatización permanente de las vías navegables

Recientemente el gobierno nacional anunció, a poco de vencerse el contrato por el mantenimiento de la llamada “hidrovía” Paraná-Paraguay, quela Administración General de Puertos (AGP) se hará cargo del servicio por el plazo de un año. Cabe recordar que por la cuenca navegable del Paraná circulan naves que transportan entre el 80 y el 95% de las importaciones y exportaciones anuales respectivamente. El servicio de mantenimiento es esencial para que la navegación por el Paraná sea posible, puesto que éste es un río sedimentario.

En el año 1995, durante el gobierno neoliberal de Menem, se concesionaron de las obras de dragado y balizamiento de los casi 1200 km de cauce fluvial correspondiente a Argentina. La concesión recayó sobre un consorcio encabezado por la empresa de capitales belgas Jan de Nul en asociación con la firma formó una local EMEPA, creando así el emprendimiento hasta hoy conocido como Hidrovía S.A. El plazo de la concesión fue de 10 años, pero posteriores y sucesivas renovaciones la extendieron hasta el 30 de abril de 2021.

La promulgación, vía decreto de Alberto Fernández, de un nuevo llamado a licitación privada el año pasado, encontró reclamos de numerosas organizaciones, incluso desde algunos sectores del gobierno, por el control estatal de nuestras vías navegables El gobierno comenzó a hablar de un organismo federal de control, luego estos rumores se acallaron, y finalmente hubo un impasse de 60 días y ahora se está ante la firma de este nuevo decreto.

Consideramos que el control transitorio por parte de la AGP es progresivo, pero en la medida en que no está sobre la mesa la estatización de forma permanente, se corre el riesgo de volver a las licitaciones de larga duración que usufructúan nuestros recursos, en dos sentidos. En primer lugar, cobrando el peaje de los casi 3000 barcos que entran por año; En segundo lugar, realizando un dragado depredador de acuerdo a las necesidades de las ETN del agronegocio, que desde sus puertos determinan el calado del lecho del río para que puedan entran buques de enormes dimensiones como los Panamax.

Obviamente, los grandes grupos de poder, representados por las empresas del agronegocio y los dueños de la tierra, no quiere dejar de ganar “ni un poquitito así”. La acumulación de capital debe ser cada vez mayor, por lo tanto, toda medida que tenga que ver con “gestión y control” del Estado será repudiada. Por eso, se preparan para movilizar el 9 de julio contra el nuevo decreto. El interrogante es quiénes son los verdaderos dueños de Paraná en el marco del actual modelo productivo agro-exportador- extractivista.
Es fundamental que los sectores populares instalemos la necesidad de avanzar en la lucha por la recuperación de la soberanía de nuestras vías navegables, incluso instalando la discusión en un marco más amplio, contemplando los diferentes modos de transporte que puedan favorecer a la protección de la biodiversidad del río Paraná. No solo como recuperación de la soberanía territorial, sino y sobre todo por la recuperación de la soberanía económica y más aún en un contexto de crisis económica y continuidad de la pandemia. El enorme caudal de dinero que mueve la mal llamada hidrovía (término acuñado por la privatización menemista) debe ser percibido por el Estado para su redistribución en políticas de asistencia de los sectores populares y para transitar hacia un modelo productivo al servicio de los pueblos y no del capital.

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